Este video llamó mi atención porque viví en carne propia la injusticia de la psiquiatría.

@JoseGalindoMMXXVI

hace 0 segundos Este video llamó mi atención porque viví en carne propia la injusticia de la psiquiatría. Les saludo desde Lima, Perú. En 1998, cuando tenía 23 años, mi familia, apoyada por un adinerado tío materno empresario, me acusó arbitrariamente de estar loco. Por ese motivo, me secuestraron en una clínica privada llamada Pinel, no una, sino dos veces. El verdadero motivo era que eran fanáticos religiosos que no toleraban que hubiera abandonado el catolicismo y que, en mis tiempos libres, difundiera, Biblia en mano, mis críticas a las iglesias en general. Incluso después de recibir el alta, fui obligado a tomar pastillas y a no leer la Biblia, bajo amenazas de nuevos internamientos. La tercera vez, en el año 2005, ya no fue en una clínica privada, sino en un hospital público, pero se utilizó la misma excusa. Después de un mes de cautiverio, el psiquiatra me confesó en mi cara: «Tú no eres esquizofrénico, tu caso no encaja con nada». Entonces le pregunté: «Si no soy esquizofrénico, ¿por qué me recetas pastillas para esa enfermedad?». Su absurda respuesta fue: «Es que algo tengo que recetarte». Luego añadió algo que dejó todavía más claro el verdadero trasfondo: «Tus ideas religiosas, equivocadas o no, guárdatelas para ti». Era evidente que la intolerancia religiosa de mi familia estaba detrás de todo aquello. Años después, en 2018, intentaron secuestrarme nuevamente bajo las mismas calumnias. Esta vez, el detonante fue que había creado un blog donde criticaba las religiones. A diferencia de las ocasiones anteriores, después de haber leído más la Biblia, ya no la defendía, sino que cuestionaba la veracidad de su contenido, señalando sus contradicciones y mensajes que sospechosamente beneficiaban al Imperio romano que canonizó los textos. En aquel entonces yo tenía un trabajo estable, un hijo al que cuidar y llevaba una vida completamente normal y autónoma. Sin embargo, mi madre y mi hermana —unas fanáticas religiosas católicas a las que les molestaba que yo criticara la iglesia—, acompañadas de cuatro malos policías, un supuesto psiquiatra con un certificado médico y con el respaldo financiero de ese mismo tío materno, llegaron a la quinta gritando de forma urgente a viva voz, a voz de cuello, que yo era un hombre peligroso y un peligro para mi propio hijo, intentando secuestrarme nuevamente. Fallaron, y por eso hoy puedo contar esta historia. Yo no estaba en casa aquel domingo, pero sí se encontraba allí la madre de mi hijo, que entonces tenía cuatro años. Ante los gritos y las acusaciones escandalosas de mi madre y mi hermana, la dueña de la casa, que vivía en el primer piso, salió a defenderme afirmando que yo pagaba puntualmente la renta, y otros vecinos se sumaron respaldándome, corroborando que nunca hacía problemas con nadie, que llevaba años viviendo ahí, que no era borracho ni nada, y que se veía perfectamente que yo quería mucho a mi hijo. Asimismo, mi madre le decía a la madre de mi hijo: «Nosotros te damos dinero, pero tenemos que llevarlo…», a lo que ella respondió: «Él no está loco, mi hijo necesita a su padre, no su asqueroso dinero». El verdadero peligro para mi hijo no era yo, sino mi madre y mi hermana, que vinieron a traumatizarlo con una experiencia totalmente arbitraria y a intentar secuestrarme delante de él. El riesgo real para la salud mental de un niño de cuatro años no era mi presencia, sino el trauma inmenso de ver cómo a su padre se lo llevan injustamente para probablemente nunca volver a verlo, y que cuando pregunte por mí, su madre no sepa qué decirle. Eso es verdaderamente dañar a un niño. Quienes representaban un peligro real eran esas dos mujeres que vinieron a ejecutar ese secuestro arbitrario, no yo. Se supone que el objetivo de un tratamiento psiquiátrico es ayudar a las personas a integrarse en la sociedad. Pero ¿qué pretendían hacer conmigo, si yo ya estaba integrado? Tenía trabajo, responsabilidades familiares, pagaba mi vivienda y llevaba una vida totalmente normal y autónoma. Lo que a estas personas les parecía una locura era que hubiera abandonado su religión y que me atreviera a criticarla. Después de aquel intento, acudí a la misma comisaría de donde habían salido los policías para presentar una denuncia. El jefe de esa dependencia se dio cuenta de que yo venía del lugar al que él había acudido anteriormente y me dijo: «Yo fui, vino tu madre y tu hermana con un certificado médico». Le expliqué que aquel certificado era falso, que yo no padecía ninguna enfermedad mental y que, como él mismo podía comprobar, hablaba con normalidad, tenía trabajo y llevaba una vida autónoma, entre otras cosas. No aceptó mi denuncia, pero me dijo: «Te veo lúcido. Te sugiero que vayas a hacerte una evaluación psiquiátrica independiente y, con esa prueba de lucidez, las demandes por calumnia». Seguí su consejo y acudí a una clínica particular. El psiquiatra me entregó un formulario en el que debía indicar el motivo de la consulta y si anteriormente había sido diagnosticado con alguna enfermedad mental. Considero que el problema no es simplemente preguntar por antecedentes médicos, sino que esos antecedentes puedan convertirse en un prejuicio que condicione la evaluación y que impida obtener una opinión verdaderamente independiente. Le expliqué al médico: «A mí sí me han diagnosticado de estar loco, pero ese diagnóstico es falso». Su respuesta fue: «Si yo te diagnostico y sales bien, van a pensar que me has pagado». Y así se negó a evaluarme. Me sugirió que denunciara mi caso ante el Ministerio Público y que ellos dispusieran un peritaje psiquiátrico imparcial. Presenté la denuncia acompañada de algunos audios y documentos como evidencia, pero el Ministerio Público la rechazó. Como pueden ver, mi experiencia muestra cómo la psiquiatría puede convertirse en una herramienta de tortura y control contra personas que simplemente piensan diferente, cuestionan determinadas creencias o mantienen posiciones ideológicas que incomodan a su entorno. Mi pregunta es: ¿qué posibilidades tiene una persona de defenderse cuando quienes la acusan pueden recurrir a un certificado psiquiátrico para desacreditarla, conseguir la intervención policial e incluso intentar privarla de su libertad? ¿Quién controla a esos profesionales cuando sus diagnósticos pueden estar motivados por evitarse, aun a costa de la verdad, conflictos con colegas, intereses económicos o intolerancia ideológica? ¿Y qué mecanismos existen para que una persona pueda demostrar que ha sido víctima de un diagnóstico arbitrario? Mi experiencia me ha dejado una conclusión: no se puede otorgar a un profesional de la psiquiatría una autoridad prácticamente incuestionable sobre la libertad de otra persona. Un diagnóstico no debería sustituir las garantías judiciales ni convertir las diferencias ideológicas, religiosas o personales en motivos para privar a alguien de su libertad.

Comentado en el video:ás LOCO? Así empezó la PSIQUIATRÍA

¿Puedes DEMOSTRAR que NO estás LOCO? Así empezó la PSIQUIATRÍA